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Con el ex alcalde de IU detenido por corrupción, comienza en Casares (Málaga) el Volvo Match Play de Finca Cortesín

(En la imagen, la casa natal de Blas Infante, el “padre de la patria andaluza”, en la localidad malagueña de Casares. Foto:Wikimedia Commons).

No es golf todo lo que reluce, desgraciadamente, en la Costa del Sol. Cuando la localidad malagueña de Casares, muy cerca de la raya de Cádiz, se preparaba para recibir a los 24 golfistas que van a disputar (17 – 20 de mayo) el Volvo Match Play, en Finca Cortesín, la cuna de Blas Infante, el llamado padre de la “patria andaluza”, amaneció el lunes 14 de mayo tomada por la Guardia Civil y la Policía Nacional. No podía haber saltado la noticia en un momento peor para el golf, cuando todas las espadas del Volvo Match Play están en alto. Pero cualquier día es bueno cuando se trata de luchar contra la corrupción que, en esta ocasión, salpica a uno de los escasos ayuntamientos que gobernaba tradicionalmente Izquierda Unida, y cuando la formación izquierdista es fundamental para la nueva mayoría que tendrá que sacar a Andalucía de la crisis galopante en que se encuentra inmersa.

Casares, gobernada por un Ayuntamiento de IU desde la llegada de la democracia, con apenas un paréntesis de cinco años en la que estuvo a manos del “gilismo”, se sumó a la lista de consistorios investigados por supuestas corrupciones urbanísticas y, en este caso concreto, las fuerzas de Seguridad del Estado procedieron a la detención del exalcalde y expresidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Juan Sánchez, actualmente concejal de la Vivienda de Casares, la esposa de éste, un abogado con despacho en Estepona, y una mujer supuestamente vinculada a un grupo de la mafia ucraniana. Posteriormente fue detenida también una quinta persona.

Según los responsables del ministerio de Interior, se les considera presuntos responsables de delitos de prevaricación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. Las detenciones son el resultado de una investigación conjunta del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil bautizada como “Majestic”, el nombre de una de las investigadas promociones urbanísticas. Las pesquisas, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Estepona y coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción, comenzaron a finales del año 2010 y giran en torno a las inversiones inmobiliarias que una serie de personas presuntamente vinculadas a un grupo mafioso de origen ucraniano habría realizado en la Costa del Sol.

LA REDADA DEL LUNES 14 DE MAYO

Como colofón a las investigaciones, el lunes 14 de mayo, a primeras horas de la mañana, las fuerzas policiales realizaron una redada, con registros sincronizados  en el Ayuntamiento de Casares -que permaneció cerrado al público durante toda la jornada-, en el despacho en Estepona del abogado detenido y en varios domicilios particulares, entre ellos el del exalcalde y una vivienda situada en la localidad de Benalmádena. Al final de la jornada se habían inspeccionado un total de 14 inmuebles y se habían  bloqueado otros 236 inmuebles -algunos de gran valor-, 19 vehículos y 165 cuentas bancarias abiertas en 19 entidades financieras diferentes.

Los agentes policiales hicieron varios registros en busca de documentación en soporte papel o informático relacionada con la trama. En un comunicado, la actual alcaldesa de Casares, Antonia Morera, también de IU, que fuera primera teniente de alcalde con Juan Sánchez, indicó que todos los expedientes que la Policía Judicial les había solicitado están relacionados con el proyecto urbanístico Majestic y mostró su total disposición a colaborar con la justicia.

Los cuatro arrestados en primer lugar, más una quinta persona, pasaron a disposición del juzgado que instruye las diligencias de 'Majestic'. El primero en testificar fue Juan Sánchez, que prestó declaración durante aproximadamente dos horas. Después hizo lo propio su mujer, durante una hora.

PRISIÓN BAJO FIANZA

Sobre las dos de la madrugada, el juez dictaminó prisión provisional para Juan Sánchez, eludible bajo fianza de 200.000 euros, e imputado por los delitos de cohecho, prevaricación, delitos contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales, mientras que su esposa, quedó en libertad, aunque con la obligación de comparecer ante el juez.

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