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La Justicia investiga la gestión de Carmena en el Club de Campo Villa de Madrid

 

 

El diario ABC publicó, con fecha 27/2/18, la siguiente información firmada por Tatiana G. Rivas.

 

El Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid admitió a trámite el pasado 16 de febrero la denuncia interpuesta por la Asociación de Abonados del Club de Campo, después de que la gerencia pretenda imponer por contrato unas actividades socioculturales que nada tienen que ver con el club y que al año supondrán a la sociedad 250.000 euros, IVA al margen. Batukadas, títeres, talleres de artesanía, acción cívica y solidaridad, jardinería y horticultura, cocina creativa,… acciones alejadas de los deportes que han constituido al Club de Campo como referente a nivel nacional en la práctica del golf, la hípica y el hockey. Los asociados han dicho basta y la Justicia va a investigar si llevan la razón.

El Club de Campo es, desde 1985, una sociedad mixta compuesta por el Ayuntamiento (51%), Patrimonio Nacional (24,5%) y la Real Sociedad Hípica (24,5%). La cuestión clave es que la entidad se financia exclusivamente de la aportación de los socios (20 millones de euros anuales aportados por los casi 33.000 socios que hay en la actualidad), que abonan anualmente 800 euros por adulto y 400 por menor, más un pequeño extra que llega por patrocinios y uso de instalaciones (5 millones de euros). Los tres responsables de esta instalación no invierten un solo euro. De ahí que los demandantes requieran «tener voz y voto en los órganos de decisión del Club» desde que se formó la plataforma en 2014. «Queremos tener representación y poder decidir en qué se gasta nuestro dinero y en qué no», señalan.

Ahora Madrid anunció con su llegada a Cibeles en 2015 que abriría este emblemático espacio a todos los madrileños para que dejara de ser elitista. Para ello, en octubre de ese año, el equipo de Manuela Carmena puso al frente de la gerencia a Joaquín Ballesteros, licenciado en Sociología y Máster en Dirección y Administración del Deporte por la Universidad Complutense y el Comité Olímpico Español. Las quejas hacia su gestión y a la figura del presidente del Club de Campo, Luis Cueto, sobrino político de la alcaldesa, se vienen sucediendo reiteradamente por parte de los asociados, pero no atienden a sus peticiones, advierten desde la asociación.

Contra los estatutos

El pasado 21 de febrero, Cueto y Ballesteros tuvieron notificación de la admisión a trámite de la denuncia; también la empresa Hartford, adjudicataria en noviembre del año pasado del contrato para llevar a cabo las actividades socioculturales que han sembrado la discordia.

Los Fundamentos de Derecho de la demanda se centran en que dichas acciones incumplen los estatutos del Club de Campo, que velan por «la representación y defensa de los derechos e intereses de los abonados individuales y familiares mayores de edad». Estos derechos se corresponden con poder «utilizar las instalaciones deportivas y cuyas opiniones e intereses han de ser tenidos en cuenta por la entidad».

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid declaró el 17 de noviembre de 2010 Bien de Interés Cultural a la Casa de Campo en la categoría de Sitio Histórico. Atendiendo a dicho decreto, se definieron los usos característicos o compatibles con el mantenimiento del recinto. Como consta en el texto judicial presentado por la Asociación de Abonados, en el caso del Club de Campo dichos usos se refieren al deportivo -el principal- y todos aquellos compatibles con el mismo como la restauración y el pequeño comercio ligado a la actividad deportiva. Toda modificación de usos debe de contar con «un informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Histórico», documento que no consta. Además, la Asociación incluye en su demanda que el contrato tiene defectos de forma. En suma, solicitan al juez que deje sin efecto los actos preparatorios del expediente de contratación, «a fin de que se proceda a recabar el preceptivo informe y se anule el acuerdo del órgano competente».

Los interesados han recurrido a la vía judicial como última opción, después de mantener varias reuniones con Cueto y el gerente y que este último les desatendiera afirmando que no era una cuestión de su competencia. La Asociación escribió a Ballesteros un escrito posterior dándole parte de los motivos de su oposición al proyecto del concurso.

Conflicto de usos
De abrirse el Club de Campo a acciones que nada tienen que ver con su actividad supondría una cesión de espacios que crearían un conflicto entre los que se utilizan libremente por los abonados y los que no lo serían. «Actividades como la danza o el teatro necesitan un espacio amplio y propio y las zonas libres no abundan en el club», argumentan.

Critican desde la Asociación que algunas de los talleres que ya se han iniciado cuentan con una mínima participación. En algunos casos, como mucho una docena de menores y en el Club hay inscritos 7.500 niños. «Se han equivocado y en lugar de escucharnos, la soberbia que tiene la gerencia les impide rectificar», dicen en el club.

Los socios piden que se centren en resolver el problema de la hostelería, ya que la insatisfacción de los usuarios va en aumento ante la falta de calidad de los productos y la reducción de horarios de los restaurantes y cafeterías; que se aumente la plantilla; que se mejore el estado de los campos y que se arreglen las dependencias, como por ejemplo las taquillas.

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